Anatolio Díez: "No es un día de celebraciones, es un día más de reivindicación"
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01 Oct Anatolio Díez: «No es un día de celebraciones, es un día más de reivindicación»

01/10/2021

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.

Anteriormente a esto, existían iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ese mismo año.

En 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91) adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores. En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.

Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo 1.100 millones de personas mayores en 2050. Hoy en nuestro país con un censo de 47.344.649 personas el 19,79%, 9.371.741 son personas mayores de 65 años de estas, 5.294.629 son mujeres y 4.077.112 hombres.

El 1 de octubre de 2021 se conmemora el 31 aniversario del Día Internacional de las Personas Mayores, para nosotros no es un día de celebraciones, es un día más de reivindicación, de dar visibilidad y de búsqueda de soluciones a los problemas seculares, irresolutos, que acompañan a nuestro colectivo.

Nuestro recuerdo inicial en este 1º de Octubre es para los miles de personas fallecidas por la acción asesina del virus que ha asolado a nuestra sociedad y nuestro abrazo solidario a sus familias. La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un verdadero genocidio que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado, realizando políticas de prevención y desarrollando planes de acción para salvaguardarlas. Seguimos planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido en nuestro colectivo durante la pandemia y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el genocidio provocado por la inacción política y sanitaria durante la pandemia.

El 1º de Octubre debe ser un día de reivindicación y movilización de nuestro colectivo con tres ejes de acción fundamentales: La defensa de nuestro Estado de Bienestar. La necesidad de desarrollar una Ley que defienda nuestros derechos, dando visibilidad a nuestros problemas, derechos y deberes, contando con una agenda política propia. Y la lucha contra la pobreza y la desigualdad social que hoy impera en nuestra sociedad y que se ha convertido en especialmente inhumana con nuestro colectivo.

La defensa de nuestro Estado de Bienestar.

Hoy las personas mayores representamos un colectivo que crece vertiginosamente, estamos cerca de ser el 20 % del padrón del país, por tanto, más del 20% del censo electoral. El envejecimiento y el incremento de la longevidad representan, sin duda, uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse las actuaciones necesarias para la transformación social, económica y política de nuestro tiempo.

Las personas mayores contribuimos desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social de la nación, pero a pesar de ello, seguimos siendo discriminadas y excluidas de la sociedad, como esta pandemia ha vuelto a demostrar. Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible.

La Constitución española en su Título Preliminar destaca en el Artículo 1º lo siguiente: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Si analizamos este artículo primero, podemos determinar que el Estado Social, Estado de Bienestar, de Derecho, tiene un principio en el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, como punto de referencia en torno al cual debe articularse todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de la economía se someten al Estado de Derecho, para conseguir una Democracia Social material.

El elemento constitutivo fundamental de nuestro Estado de Bienestar, de nuestra democracia social, lo debe constituir la ciudadanía exigiendo la realización de una política de bienestar y de servicios sociales basados en la idea de que es preciso garantizar un mínimo de bienestar y una existencia digna a todos los ciudadanos y en especial de los más débiles, para lo cual es necesario que se interfiera en el funcionamiento del mercado libre, prestando servicios y realizando políticas de distribución de las rentas para alcanzar una real y efectiva integración social.

En definitiva, el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Contrato Social, comprometido entre el conjunto de las diversas Instituciones Públicas que conforman el Estado y los Ciudadanos, este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

Pero desgraciadamente este Contrato Social, se ha visto reducido por años marcados por la austeridad y los recortes, fundamentalmente, sociales, años marcados por políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos de la derecha.

Esta crisis generada por el coronavirus ha mostrado el fracaso y los nefastos efectos generados por las recetas económicas neoliberales: privatización de la sanidad, privatización de servicios públicos y precarización del empleo.

Podemos concluir que durante los últimos años el capitalismo más feroz ha cuestionado nuestro Estado de Bienestar, recortando derechos y servicios, gravando nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema público de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos.

Con sus actuaciones han creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral, por lo que es necesaria y prioritaria nuestra aportación y nuestra reivindicación en defensa de la consolidación y mejora del Estado de Bienestar.

Hoy una vez más nos toca reivindicar la necesidad de recomponer y blindar el Contrato Social, que lo vivido en crisis anteriores no vuelva a ocurrir.

La reconstrucción social y económica debe sustentarse y construirse firmemente, debe adquirir sentido de la realidad para ello es necesario edificarla sobre diversos pilares que consideramos fundamentales:

– Defender los derechos de los ciudadanos.

– Reducir las desigualdades, luchar contra la pobreza,

– Ofrecer seguridad económica,

– Blindar nuestros servicios públicos.

La necesidad de desarrollar una Ley que defienda nuestros derechos, dando visibilidad a nuestros problemas, derechos y deberes, contando con una agenda política propia: Ley Integral de Derechos de las Persona Mayores.

Creemos que es obligado abrir un debate con la participación de todos los actores políticos y sociales sobre la necesidad de diseñar una Ley Integral de Derechos de las Persona Mayores, que recoja entre otras cuestiones ya planteadas en este informe de gestión, algunas otras de suma importancia para nuestro colectivo. Esta ha sido una reivindicación imperecedera en las celebraciones reivindicativas que hemos realizado todos los 1 de octubre consagrado como el día del Adulto Mayor.

Pero si debemos aprovechar la conmemoración de este día para obtener la visibilidad necesaria para destacar las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad y debemos aprovechar este momento para crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y también los desafíos del envejecimiento activo en nuestro mundo.

La primera de ellas y sin duda la primera gran lección que extraemos de la actual situación de pandemia que vive nuestra nación, sumada a la falta de voluntad política de nuestros actuales servidores públicos, para encarar la problemática de nuestro colectivo, es iniciar el necesario debate que debe llevarnos a formalizar inexcusablemente una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, ya su resolución hoy es ineludible.

Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio…

Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

Garantizar la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y la atención prioritaria en situaciones de máxima vulnerabilidad.

Garantizar la visibilidad y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos de la vida pública: social, política, económica, jurídica, el privado o familiar y siempre bajo una perspectiva intergeneracional.

Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

Por todo ello, si no se tienen en cuenta nuestras propuestas en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, las personas mayores, con el conjunto de la sociedad organizada, nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo.

Es necesario obtener visibilidad como colectivo, para ello debemos contar con una agenda política propia, que nos permita participar en aquellos órganos dónde se deciden las políticas que afectan a nuestros problemas: Pacto de Toledo, o el Acuerdo Económico y Social.

Blindar las pensiones públicas, sin duda, la principal fortaleza del actual estado de bienestar, por ello debemos blindar el sistema ya que tenemos la necesidad de su existencia y el mantenimiento de sus niveles de suficiencia prestacional.

Reestructurar las políticas de gastos y rediseñar la estructura de contabilización de los mismos.

Dependencia, es necesario dotar de contenidos y partidas presupuestarias suficientes a la actual Ley de Dependencia, para acabar definitivamente con los agujeros negros del sistema.

Desahucios, cada día una persona mayor es despojada de su vivienda, aplicando en todo su rigor la doble moral que habitualmente utiliza la banca, desahucian por cuantías mínimas, mientras ellos deben más de 65.000 millones de euros, entre otros, a quienes desahucian, es obligado diseñar políticas públicas que acaben definitivamente con estas situaciones, buscando inicialmente soluciones habitacionales a las familias, hasta terminar modificando la legislación vigente.

España vaciada, si alguien sufre los efectos de la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, son los que mayoritariamente la habitan: las personas mayores. Es urgente la realización de políticas que la saquen del olvido, es necesario un debate nacional sobre la España que queremos y como la queremos estructurar.

Desarrollar definitivamente el Plan Nacional sobre Envejecimiento Activo, paralizado desde el año 2018.

Violencia de género, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es, sin duda ninguna, uno de los elementos fundamentales de nuestra política reivindicativa como colectivo, es necesario profundizar en un pacto nacional contra la violencia de género, dotado con suficiencia presupuestaria y acompañado de campañas de la problemática actual. Acabar con la brecha de género, es otro de los elementos fundamentales de nuestra acción política y sindical.

Copago farmacéutico, es necesaria su eliminación, o al menos mantener las exenciones para las rentas más bajas y los cuatro grados de copago, como estaba previsto en el anterior acuerdo de presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos.

Estas son nuestras preocupaciones, convertidas en necesidades y reivindicaciones, propuestas concretas y necesarias para resolver los problemas que acucian a nuestro colectivo. Esperamos verlas recogidas en el futuro pacto de estado y convertidas en realidades en la aplicación práctica del mismo.

La lucha contra la pobreza y la desigualdad social que hoy impera en nuestra sociedad y que se ha convertido en especialmente inhumana con nuestro colectivo.

Oxfam viene alertando desde hace tiempo sobre el impacto de la covid-19 en España, aseverando que podría dejar a un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 790.000 se encontrarían en situación de pobreza severa, hasta alcanzar los 10,9 millones de personas, con lo que el efecto de este golpe nos llevaría a niveles de pobreza inéditos.

Esta advertencia viene recogida en su informe anual sobre desigualdad que ha publicado con motivo de la celebración del Foro de Davos, en el que subraya que con la crisis sin precedentes generada por la pandemia el total de personas en situación de pobreza severa, podría alcanzar los 5,1 millones.

Si nos ceñimos a nuestro colectivo, las personas mayores los datos son terriblemente preocupantes, el 42,31% de las pensiones, teniendo en cuenta todas las clases de las mismas, se encuentran por debajo de la pobreza severa o extrema, un 24,88% de las pensiones, están por debajo de los parámetros de la pobreza relativa y el 67,19% del total de las pensiones se encuentran en el umbral de pobreza, esta es la realidad: 6.621.429 en el sistema contributivo y 446.021 en el no contributivo, se encuentran percibiendo pensiones miserables, viven, malviven es más adecuado a su realidad, en la más absoluta de las pobrezas. Esta es la mísera realidad de nuestro colectivo y para su resolución exigimos propuestas sociales, es necesario introducir estos elementos en la negociación de políticas sociales y alcanzar consensos amplios entre todos los actores políticos, sindicales y sociales que resuelvan definitivamente el problema.

Esta cuestión, luchar contra la pobreza y las desigualdades sociales, dentro de esta lucha sin cuartel contra la pobreza es necesario acabar definitivamente con la brecha de género salarial que empobrece más aún si cabe a las mujeres de nuestro colectivo, es necesario reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres, estas son sin duda las centralidades de nuestra razón de ser, alcanzar la suficiencia económica es básico en nuestro colectivo, como elemento determinante para normalizar definitivamente las necesidades vitales de los mayores.

Es necesario acabar con la pobreza en nuestro colectivo, sin duda el más castigado por las sucesivas crisis, planteamos la necesidad de incluir en la mesa del diálogo social la necesidad de marcar un horizonte temporal alcanzable, en el cual todas las pensiones se encuentren por encima del umbral de pobreza.

Algunas preguntas importantes que nos planteamos en nuestro colectivo, sus respuestas pueden contener riesgos para el desarrollo futuro de nuestro sistema público:

¿Por qué no se blinda definitivamente el sistema público, en el mismo sentido que la recomendación del Pacto de Toledo?

¿Por qué no se blinda definitivamente la revalorización de las pensiones con el IPC, para que no ocurra lo mismo que ocurrió en el pasado, mediante ley se volvieron a congelar?

¿Por qué se aplaza la decisión sobre el factor de sostenibilidad, ahora denominado «mecanismo de equidad intergeneracional”, sabiendo como así lo han recogido los actores sociales que su aplicación independientemente del nombre que le demos significa recortar las pensiones?

¿El informe del Tribunal de Cuentas es público desde el 28 de junio del 2020, cuando en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, esta se firma el 28 de octubre de 2020, en la recomendación se habla sobre la separación y clarificación de las fuentes de financiación, por qué no se utiliza dicho Informe para la necesaria clarificación de las cuentas y se profundiza en su cuantificación, en su lugar se utiliza el informe de la AIReF, datado en el 2019 y utilizado para la cuantificación recogida en los Presupuestos Generales del Estado, informe que minimiza la valoración de los denominados gastos impropios, razón de ser del saqueo continuado al que se han visto sometidas las cotizaciones sociales?

¿Por qué no se ha utilizado el informe del Tribunal de Cuentas, que ya era conocido, en las negociaciones del marco del diálogo social, para definitivamente cerrar la cuestión de los gastos impropios y no parchearla como finalmente ha ocurrido?

Finalmente, creemos que el origen de estos déficits, una vez analizados los diferentes acuerdos consensuados, está en el incumplimiento continuado de la ley, por tanto, concluimos:

– Se ha producido un saqueo recurrente de las cotizaciones sociales.

– Se ha creado una deuda falsa, basada en el maquillaje continuado de las cuentas de la Seguridad Social.

– Por lo que exigimos una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social desde el año 1977 hasta el día de hoy.

La brecha digital, la energética, el maltrato, la violencia de género o la soledad no deseada, acceder a la utilización de los medicamentos prescritos para nuestras enfermedades con absoluta normalidad, los alquileres, las listas de espera de la dependencia… Son cuestiones que muchas de ellas quedarían fuera de nuestras reivindicaciones si se profundizara, en vez de acelerar su voladura, en la defensa del Estado de Bienestar.

Artículo de opinión de Anatolio Díez Merino, Secretario General de UJP-UGT, publicado en 65 y más

Anatolio Díez

 

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