Catalunya: Presión a las eléctricas para que asuman el coste de la pobreza energética
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12 Jun Catalunya: Presión a las eléctricas para que asuman el coste de la pobreza energética

12/06/2017

A falta de un protocolo común, cada ayuntamiento traza una estrategia propia ante la pobreza energética, que sufren quienes carecen de ingresos para pagar recibos de agua, gas y electricidad. La Generalitat y los consistorios anunciaron una propuesta de convenio en enero para que las suministradoras asumieran el 50% del coste de las facturas en deuda de particulares con escasos posibles mientras que la otra mitad se cargaría a los presupuestos públicos, en consonancia con uno de los artículos de la ley catalana de emergencia social que se salvaron de que el Tribunal Constitucional los suspendiera. No obstante, las compañías no han suscrito el acuerdo y las negociaciones se han frenado mientras se tramita una nueva norma de bono social en el Congreso.

Hay municipios como Badalona o Sabadell que, a modo de presión a las eléctricas, han renunciado a sufragar la deuda de los vecinos a los que los servicios sociales declaran en situación de vulnerabilidad. Aunque el débito de los particulares sigue subiendo, aducen que la norma impide que se les deje sin abastecimiento pese a que no paguen, ya que se trata de familias en riesgo de exclusión y faltas de recursos.

«Nos aseguraremos de que no se corta el suministro y ayudaremos a las familias en su vulnerabilidad, pero no pagaremos la deuda a las empresas hasta que no firmen el protocolo», manifiesta la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater. «No estamos de acuerdo en hacer de cobradores con dinero público. No queremos hacer el juego de facilitar que las empresas cobren lo que se debe de sus usuarios mientras no tengan un compromiso», añade.

Badalona asegura que no ha abonado 3.020 facturas de electricidad, agua y gas de vecinos por las que se adeudan unos 146.000 euros. El Consistorio reservó 800.000 euros para liquidar recibos de familias con escasos ingresos, de los que sólo ha gastado unos 1.000.

Desde mayo de 2016, el Ayuntamiento de Sabadell tampoco se hace cargo de la deuda de las familias a las que cubre de eventuales cortes con certificados que confirman su vulnerabilidad, extendidos a cerca de 1.900 hogares. «Hemos pagado recibos de familias que se hallan en una dificultad puntual, pero las que se encuentran con una pobreza cronificada y tienen el informe no pagan», expresa el concejal de Acción Social de la ciudad, Gabriel Fernàndez, quien arguye que la Ley 24/2015 establece que las empresas tendrán que conceder ayudas a fondo perdido o descuentos para reducir la morosidad de los clientes que padecen pobreza.

«El fondo debe dotarse de recursos que aporten las compañías. Pensamos que debería constituirse al 100% con dinero de las empresas. Sería una partida miserable para los beneficios anuales que tienen», opina Fernàndez. La Generalitat explica que las eléctricas y las gasistas no contribuyen por ahora con sus ingresos al pago de facturas de clientes sin suficientes ingresos, ya que no han rubricado el convenio que les plantea, más allá de las bonificaciones que decidan por su cuenta. Sí lo hacen una veintena de suministradoras de agua, con las que el Govern ha entablado protocolos.

El Ayuntamiento de Barcelona continúa arrogándose facturas de vecinos que no pueden costearlas, pero asegura que ha reducido los desembolsos «con el objetivo último de que las compañías firmen los convenios». La capital catalana destinó 778.342 euros en 2015 para saldar recibos de particulares y 671.278 euros en 2016. Afirma que en 2017 el descenso se profundizará aún más. Atribuye la rebaja a que sólo se efectúan los pagos cuando lo considera «necesario para asegurar la tranquilidad de la familia afectada». El gobierno de Ada Colau amagó en noviembre pasado con dejar de sufragar recibos si las empresas no aceptaban los protocolos de colaboración.

En cambio, el Ayuntamiento de Terrassa sostiene que «no pagar las facturas comporta inseguridad jurídica a las familias». En su caso, acuerda con las empresas rebajar deudas y modificar las condiciones de pago de los afectados. Explica que ha conseguido 178 aplazamientos y fraccionamientos de pago para que hogares no perdieran la corriente, mientras que calcula que en otros 196 casos el posible corte no pasó del aviso. Por su parte, Mataró mantiene auxilios para costear recibos y que transfiere a las compañías.

También se apremia a las energéticas con sanciones, aún incipientes. Sabadell ha impuesto 14 a Endesa y Gas Natural, que suman 140.000 euros y pueden recurrirse. La ciudad asegura que los castigos corresponden a infracciones que perjudicaban a 198 familias (incluyendo 11 cortes no comunicados a servicios sociales) y que, desde que abrió expedientes, detecta menos incumplimientos de las empresas. Barcelona cursa 29 expedientes por posibles vulneraciones en 2016, a lo que añade 39 posibles faltas desde enero. El Consistorio señala a Gas Natural, Endesa e Iberdrola. La Generalitat ha decretado 111 sanciones, aún no cobradas.

Noticia extraída de El Mundo. 11/06/2017

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