Editorial: Garantizar las pensiones públicas
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EFE

12 Feb Editorial: Garantizar las pensiones públicas

12/02/2018

La decisión política del Gobierno de impulsar el ahorro privado para la jubilación esconde un reconocimiento tácito de que nuestro sistema no está preparado para afrontar el coste de las pensiones futuras. Esta semana, hemos escuchado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedir a los españoles que ahorren para su jubilación y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para tratar de fomentar la contratación de planes de pensiones. Es preocupante que el Ejecutivo centre su discurso en la responsabilidad que tienen los ciudadanos de ser previsores con su jubilación en lugar de impulsar las medidas necesarias en el marco de la comisión del Pacto de Toledo para que el sector público sea el garante de esas jubilaciones.

Las pensiones son un pilar básico del Estado de bienestar y es obligación del Gobierno velar por proteger el sistema para garantizar que las generaciones futuras perciban una paga cuando llegue el momento de su jubilación. La pirámide demográfica y la precarización laboral han convertido en insostenible el sistema de pensiones que tenemos en España. Año tras año, la Seguridad Social arrastra un déficit insostenible que ha dejado bajo mínimos la llamada hucha de las pensiones y ha obligado al Tesoro a emitir deuda extra para financiar el sistema. Trasladar el problema al ciudadano pidiéndole que ahorre no resuelve la cuestión de fondo. Es imperioso que el Pacto de Toledo consensúe una fórmula para dar viabilidad al sistema.

El reto no es fácil y exige altura de miras.No se trata de alcanzar un acuerdo cortoplacista para salvar las próximas elecciones sino de alcanzar un pacto cuyos beneficios notará la sociedad española dentro de muchos años. La última reforma de las pensiones en el año 2013 se ha quedado corta y es preciso estudiar nuevas medidas para equilibrar el sistema, incluida la posibilidad de que el pago de las pensiones también se financie vía impuestos. La oposición debe jugar un papel responsable en el debate, pero es el Gobierno el que debe liderarlo con un impulso político definitivo.

En ese sentido, es desolador comprobar cómo un asunto tan trascendental para los ciudadanos se banaliza al convertirse en arma electoral con propuestas puntuales. Es el caso de la populista idea de establecer un nuevo impuesto a la banca para pagar las pensiones con la que el PSOE trató de arrebatar a Podemos su espacio electoral más radical. Tampoco la propuesta del PP de ampliar de manera voluntaria el cómputo de los años para calcular la pensión es válida en tanto que aborda el problema de manera parcial y no soluciona la cuestión de cómo se van a financiar las prestaciones.

Una vez quede claro que el sistema público va a garantizar unas pensiones razonables para los españoles, será oportuno concienciar a los ciudadanos de las ventajas que tiene ahorrar para compensar la inevitable pérdida de poder adquisitivo en el momento de la jubilación. En ese contexto, sí serían bien recibidas las medidas para incentivar la contratación de planes de pensiones privados.

No obstante, tampoco sería justo para los ciudadanos que los poderes públicos pasen por alto las dificultades que tienen la mayoría de los hogares para poder ahorrar como consecuencia de la precarización que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años. Por otra parte, la evolución de los planes privados de pensiones en la última década tampoco ha sido la deseada por sus partícipes. No olvidemos a aquellos trabajadores que se jubilaron en los años de crisis y tuvieron que asumir pérdidas en su ahorro cuando fueron a rescatar unos plan de pensiones que estaban ligados a la evolución de las Bolsas.

En definitiva, estamos ante un problema complejo pero ineludible. El sector público debe garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. De otro modo, se rompería el contrato social en el que se asienta nuestra democracia y nuestro Estado de bienestar.

Editorial extraído de El Mundo. 10/02/2018

Imagen: EFE

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