El Pacto de Toledo contempla elegir los mejores 25 años al calcular la pensión
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EFE

12 Oct El Pacto de Toledo contempla elegir los mejores 25 años al calcular la pensión

12/10/2020

PSOE y Podemos ‘fuerzan’ una declaración formal de todos los grupos políticos en contra de cualquier «cambio radical» en el actual sistema público de pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo ultima un acuerdo básico sobre la reforma del sistema de pensiones que incluye una medida de alcance para muchos trabajadores que se acercan a esa parte final de su vida profesional: la posibilidad de calcular el cobro de la jubilación a partir de los 65 años (o más) sobre la base de los 25 mejores años de cotización que el trabajador haya tenido a lo largo de su vida laboral. Esta novedad ya estaba contemplada dentro del paquete de posibles cambios que se mantenían en las negociaciones parlamentarias de hace año y medio, sobre las que finalmente no pudo haber consenso político.

Fuentes cercanas a la Comisión aseguran que ya se ha conseguido un alto grado de consenso entre los grupos parlamentarios que forman el Pacto de Toledo, como para poder elevar un paquete de recomendaciones sobre la reforma del sistema que sirvan para garantizar su viabilidad futura. Se trata con ello de dar el primer para que las negociaciones de la reforma de las pensiones se empiecen cuanto antes, si bien para ello será necesario hacer concesiones por todas las partes, en busca de unanimidad.

De entrada, la Comisión ha establecido una  «recomendación cero» que garantiza el compromiso de mantener el sistema público de Seguridad Social y de pensiones con prestaciones suficientes, aunque eso suponga que haya que ampliar los recursos de la Seguridad Social con dinero de los Presupuestos. Precisamente, las previsiones anunciadas por el Gobierno la semana pasada apuntaban ya una transferencia de más de 18.400 millones de euros para la Seguridad Social procedentes de las arcas públicas, algo que se plantea como coyuntural ahora dado el incremento de gastos que supone la gestión de la Covid, pero que no se descarta que se quede como una opción estructural más adelante.

Las dos formaciones parlamentarias que respaldan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han maniobrado durante las últimas semanas para utilizar esa ‘recomendación cero’ para alinear a todas las fuerzas políticas en torno a dos principios básicos: la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones tal y como está concebido – puesta en cuestión no sólo por numerosos expertos sino también por instituciones de la reputación del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- y el rechazo «a cualquier transformación radical del sistema, que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual sistema público de pensiones», según la redacción en que trabaja la comisión y a la que ha tenido acceso La Información.

El objetivo de PSOE y Unidas Podemos es que el Pacto de Toledo envíe un mensaje de tranquilidad a la sociedad en relación al mantenimiento del sistema público de pensiones en su actual configuración, ante las voces que apelas a una transición hacia un esquema más sostenible como el modelo de cuentas nocionales que se ha aplicado en otros países con problemas similares a España en cuanto al desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones. La Autoridad Fiscal ha sido la última institución en advertir de que sí serán necesarias reformas más profundas del sistema si se quiere garantizar su sostenibilidad a medio plazo.

El objetivo que maneja el PSOE y que tiene in mente la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, es limar todas las reticencias que puedan surgir en la recta final de la negociación, que parecen estar ahora en las filas del PP y Vox. La base del acuerdo está en la obligación de revalorizar siempre las pensiones con el IPC anual, si bien hay formaciones que todavía lo ponen en duda.

Junto a esa base, los partidos políticos ya contemplaban su acuerdo en cuestiones como que sea el Estado el que asuma gran parte de los más de 23.000 millones de gastos impropios en que incurre la Seguridad Social, según sus propias estimaciones. Sería todo lo que suponen las prestaciones no contributivas y otras bonificaciones de ayudas a la familia. También se pretende limitar las jubilaciones anticipadas para acercar la edad real a la edad legal, tal y como avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Las negociaciones del Pacto de Toledo de febrero de 2019 no se pudieron aprobar por el rechazo final de Unidas Podemos, con las excusa de que no podían aceptar un aumento de la edad de jubilación más allá de los 65 años, si bien aquella ‘huida’ se interpretó más como una revancha política contra el PSPOE, que pretendía ‘vender’ un acuerdo por unanimidad como un gran logro político. Ahora, la formación morada está en la coalición de Gobierno y su talante para llegar a un acuerdo en ese tema es más abierto.

Noticia extraída de La Información. 12/10/2020

2 Comentarios
  • José Luis Alonso Torquemada
    Publicado a las 17:13h, 18 octubre Responder

    En ese caso, ¿cómo se calcularía la Base Reguladora?¿Cómo se actualizarían las bases de cotización,. sobre qué fecha se calcularía?

    • UJP - UGT Unión de Jubilados y Pensionistas
      Publicado a las 09:07h, 20 octubre Responder

      ¡Hola, José Luis! De momento no hay nada aprobado, hay que esperar que salga adelante y luego ver la normativa para su aplicación. Muchas gracias. Un saludo

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