Escrivá acepta derogar ahora el factor de sostenibilidad de las pensiones
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18 Jun Escrivá acepta derogar ahora el factor de sostenibilidad de las pensiones

18/06/2021

El coeficiente reductor para nuevos jubilados, principal escollo del acuerdo

El en palabras del ministro Escrivá, el “inminente” acuerdo sobre pensiones lleva semanas atascado en la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos. Sin embargo, en los últimos días ha tomado nuevo impulso, después de que el departamento de Inclusión y Seguridad Social se haya avenido a incluir finalmente la derogación del factor de sostenibilidad en este primer paquete de negociación, confirmaron ayer fuentes del diálogo social.

Desde un primer momento, CC.OO. y UGT han insistido en que el factor de sostenibilidad, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013 sin consenso y suspendido hasta el 2023, debía quedar eliminado dentro de esta ronda de negociación. En cambio, Escrivá había defendido que era preferible dejarlo para la segunda parte de modificaciones legales que se deben consensuar sobre pensiones, junto a su sustitución por lo que el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha bautizado como “mecanismo de equidad intergeneracional”.

La reforma de la ley de Seguridad Social ha de estar en vigor a finales del 2021 para cumplir con Bruselas

“La propuesta de acuerdo de principios de esta semana vuelve a incluir la derogación no condicionada del factor de sostenibilidad; sólo recoge un compromiso de abordar su sustitución por otro coeficiente en los próximos meses”, recalcaron estas fuentes, en línea con lo adelantado por Cinco Días .

Por todo ello, el acuerdo debería antojarse muy cercano, aunque desde el diálogo social recuerdan que faltan la plasmación definitiva y que a finales de mayo el ministerio también se comprometió a recoger en esta reforma de la ley de la Seguridad Social la eliminación del actual coeficiente reductor, vinculado a la esperanza de vida, que se aplica en la cuantía que percibirán los trabajadores cuando se jubilen.

El otro pilar de la reforma del PP que también ha de quedar eliminado en el esperado acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales es el que tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Por ley, el Gobierno acabará con la fórmula que condenaba a incrementos anuales del 0,25% y recuperará la implantación del IPC como referencia para actualizar cada año las pensiones, tal y como figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Este cambio descarta además eventuales descuentos en el que caso de que la inflación fuera negativa, propuesto inicialmente por el Ejecutivo. El paquete de medidas contiene también cambios en las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas, tantas la voluntarias como las involuntarias. La idea es graduar más –de mes en mes, en lugar de trimestre en trimestre– la reducción de la cuantía de la prestación. En las jubilaciones anticipadas voluntarias y en función de la carrera de cotización, la penalización oscilará entre el 21% (con un retiro dos años antes) y casi el 3% (un mes antes). Los mayores perjudicados serán los trabajadores que cotizan por bases máximas, ya que ahora en la práctica sufren un castigo más leve si optan por jubilarse antes de la edad ordinaria –66 años para los que cuentan con menos de 37 años y tres meses de cotización–. Escriva defiende que el retraso de sólo unos meses será un alivio importante para las cuentas de la Seguridad Social, planteamiento que suscita dudas sobre su alcance real entre los expertos.

Para tratar de reducir la distancia entre la edad real de jubilación y la edad legal, Escrivá confía así mismo en la supresión de la jubilación forzosa y en la mejorar de los incentivos al retraso del retiro. Por ello, incrementan el porcentaje de mejora en la prestación por año de demora de la jubilación (del 2% al 4%) y ofrecen la posibilidad de cambiarlo por un pago único en el momento de dejar de trabajar.

Para Seguridad Social, los plazos empiezan a apretar, como ha admitido en reiteradas ocasiones el propio Escrivá. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener en vigor el 1 de enero del 2022 estas primeras modificaciones sobre el sistema de pensiones, por lo que el acuerdo ha de llegar en los próximos días si quieren concluir todo el proceso de tramitación parlamentaria del correspondiente proyecto de ley antes de que acabe el año.

Ayer, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, señaló en Toledo que el pacto sobre pensiones “está cerca” y no se entendería que no se cerrara “en las próximas horas”. Así, pidió al Gobierno a dar “un último arreón y esfuerzo para cerrar ese acuerdo” y poder centrarse en la reforma del marco laboral.

Noticia extraída de La Vanguardia. 18/06/2021

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