Extremadura: 3.673 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia
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José María Vergeles

15 Ago Extremadura: 3.673 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia

15/08/2017

Los beneficiarios de la Ley de la Dependencia en Extremadura ascienden a un total de 25.414 personas hasta julio de 2017, con lo que el 72,5 por ciento de los dependientes reconocidos están siendo atendidos y queda en trámite el 27,5 por ciento restante.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha informado de estos datos en rueda de prensa, en la que ha resaltado que cuando el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara llegó a la Junta de Extremadura en 2015 había 21.741 beneficiarios.

Por ello, en lo que se lleva de legislatura, se han incorporado 3.673 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia, lo que supone que en dos años se ha incorporado una cifra similar que en toda la pasada legislatura del ‘popular’ José Antonio Monago, que fue de 3.969 en cuatro años, ha resaltado Vergeles.

“Este dato habla del esfuerzo que la Junta de Extremadura está realizando por recuperar, a pesar de las dificultades, la Ley de la Dependencia”, ha manifestado.

Extremadura, la comunidad con más solicitudes

El consejero José María Vergeles ha explicado además que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes por habitante en toda España, en concreto, 4,9 por cada 100 habitantes.

En total, la comunidad tiene 53.910 solicitudes de personas para acceder al Servicio de Atención a la Dependencia, un 10 por ciento más que en mayo de 2015, lo cual supone una media de 6 solicitudes al día y un incremento neto de 4.870 solicitudes.

De estas personas, están valoradas ya unas 47.330, el 88 por ciento del total, siendo así Extremadura la cuarta comunidad autónoma en número de dictámenes de valoración emitidos con respecto a su población, 4,3 por cada 100 habitantes.

Por otro lado, del 27,5 por ciento de solicitantes que están en trámite de reconocimiento, el 70,7 por ciento son de dependientes moderados o de grado I, frente al 29,2 por ciento que son de grado II y III.

Así, el consejero ha recalcado que la mayoría de los que están esperando son dependientes moderados frente a las personas “más frágiles”, a las que se ha tratado de atender con mayor diligencia.

Apuesta por los servicios públicos

En esta línea, el consejero ha asegurado que se ha reforzado la apuesta por los servicios públicos, y que los beneficiarios de este tipo de servicios han crecido durante este periodo en todas sus tipologías.

Así, los beneficiarios han crecido un 85,1 por ciento en promoción de la autonomía (529 personas), un 35,5 por ciento en centros de día (471 personas), un 32,2 por ciento en ayuda a domicilio (185 personas), un 23,5 por ciento en teleasistencia (344 personas) y un 6,3 por ciento en residencias (272 personas).

Igualmente, el consejero ha comentado que 2.718 personas más que en 2015 reciben prestaciones económicas vinculadas a la percepción de un servicio, y ha explicado que dichos servicios son prestados por entidades privadas acreditadas, por lo que tienen un impacto directo en la creación de empleo y de tejido empresarial de la región.

Tiempo de espera

En cuanto a la espera, Vergeles ha asegurado que del total de personas con Grado I que en julio de 2015 estaban en trámite de ser atendidas, el 73,3 por ciento tiene resuelto su expediente a 31 de julio de 2017.

Por su parte, el 22,7 por ciento restante continúa en trámite de resolución, es decir, el 8,5 por ciento, que está a la espera de regularizar su situación administrativa estando ya atendidas.

De éstas, el 17,8 por ciento corresponden a solicitudes registradas entre 2007 y 2010 y el 34,9 por ciento son de solicitudes registradas entre 2011 y 2015.

En esta línea, en respuesta las preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado que en algunos casos las listas de espera llegan al año, lo que es “intolerable”, y ha asegurado que su gobierno pondrá “todos los esfuerzos del mundo para que esto se arregle”.

Solución organizativa y económica

Sobre este punto, ha asegurado que la solución “no es fácil” ni es “sólo económica”, sino que es “organizativa y económica”. Respecto al apartado organizativo, ha considerado que el sistema de valoración es “muy complejo” y que sólo depende de los equipos de valoración, por lo que hay que reducir el número de visitas y aumentar el papel que los trabajadores de atención social básica, que son más accesibles para la población.

En lo referente al apartado económico, ha afirmado que cuando el PSOE dejó el gobierno de la región en 2011 dejaron un Sepad con unos equipos de valoración “distribuidos por el territorio y bien dotados” y que cuando han vuelto se han encontrado unos equipos “muy disminuidos” que no son capaces de hacer frente al incremento de solicitudes.

Por ello, ha afirmado que, en ese sentido, sí hace falta un esfuerzo económico para poder dotar de más medios a los servicios de valoración y poder llegar a más partes del territorio de la comunidad autónoma.

Retos para el futuro

De cara al futuro, el consejero ha explicado que están estableciendo las normativas necesarias para que se aceleren las valoraciones ya que, ha asegurado, “no nos podemos dar por satisfechos mientras exista lista de espera en la valoración”.

Asimismo, ha declarado que espera que las negociaciones en la comisión de trabajo que se establece a través de la Conferencia de Presidentes, “aporte financiación suficiente, aparte del esfuerzo que puedan hacer las comunidades autónomas, para incorporar nuevos beneficiarios”.

Por otra parte, ha afirmado que están trabajando en el incremento de la calidad de los servicios, comenzando por una negociación con los agentes económicos y sociales en la calidad del servicio que más les “preocupa en este momento”, que es la ayuda a domicilio.

Además, Vergeles ha asegurado que están mejorando las infraestructuras para disponer de servicios públicos que puedan ofrecerse a los que estén reconocidos como beneficiarios.

Concretamente, ha adelantado que se destinarán 1,9 millones de euros a los ayuntamientos a través de fondos Feder, así como una partida de 8,5 millones de euros para la reforma de los centros socio sanitarios de Mérida y de Plasencia.

De momento, el consejero ha informado de que este año se ha incrementado el presupuesto para la dependencia en un 1,1 por ciento y que este ha ido dirigido principalmente al nuevo Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex)

Crítica al Gobierno central

En esta línea, Vergeles ha recordado que aunque la Ley de Dependencia establece que los recursos se financiarán al 50 por ciento por el Estado y las comunidades autónomas, Extremadura aporta el 87 frente al 13 por ciento del gobierno central.

Por ello, ha declarado que de cara a los presupuestos de 2018, intentarán que la financiación del estado llegue ese 50 por ciento que le corresponde y que la comunidad autónoma, con el esfuerzo presupuestario que esté en su mano, tratará asimismo de llegar al otro 50 por ciento restante.

Noticia extraída de El Periódico de Extremadura. 14/08/2017

Consulta aquí esta noticia en Hoy:  “3.673 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia desde mayo de 2015, según la Junta

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