IX Comité Regional de la UJP-UGT de Murcia
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09 Jul IX Comité Regional de la UJP-UGT de Murcia

09/07/2020

Desde que se inició la crisis sanitaria del coronavirus y se decretó el Estado de alarma, 27.709 adultos mayores han fallecido en las residencias de ancianos de España. 27.709 víctimas que suponen la dura cifra del 72% del total de fallecidos del país.

Además, la gran mayoría de ellos han fallecido en residencias que no disponían de los protocolos necesarios. Muchos de los cuales sin medidas de seguridad, sin atención médica y en total y absoluta soledad.

Tampoco podemos olvidar que en algunas comunidades autónomas no se han facilitados cifras fiables de fallecidos y que hay regiones en las que se superan las dramáticas cifras. Este es el caso de regiones como Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha; donde más del 80% de las víctimas de la Covid-19 han sido usuarios de residencias de ancianos.

En la Región de Murcia, donde la incidencia de la pandemia ha sido menor, los datos son más inferiores, pero, aún así, el 44,6% de los fallecimientos por coronavirus han sido registrados en residencias.

Estas altas cifras contrastan con las recopiladas en las Islas Canarias, donde el número de muertes en residencias solo ha sido el 11,6% sobre el total de fallecidos.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ya alertó en un informe publicado en 2019 sobre la crítica situación de las residencias y sobre la insuficiente y dispersa normativa de las CC AA en materia de residencias. Asimismo, también apuntaba el Defensor del Pueblo que había muy pocas inspecciones y que el número de plazas era insuficientes. También destacaba que era necesario aumentar la ratio de personal por usuario. Finalmente, defendía la necesidad de realizar un verdadero servicio sociosanitario, mejorando la atención sanitaria que reciben los mayores acogidos en ellas.

Lo sucedido en esta pandemia ha puesto de manifiesto con crueldad la situación de las residencias de mayores, en su mayoría, de titularidad privada.

A ello se unen los recortes presupuestarios que sufrió nuestro sistema público de sanidad con insuficientes recursos en atención primaria. También, en atención especializada, cuya constatación son las listas de espera para intervenciones quirúrgicas que afectan fundamentalmente a las personas mayores de 65 años.

Por todo ello, presentamos las siguientes propuestas:

1. Actualizar las normativas de las residencias de mayores para que contemplen:

a. Las suficientes plazas residenciales.

b. El número de personal necesario para garantizar una atención de calidad y segura.

c. La realización de inspecciones periódicas, con cuantía y rigurosidad.

2. La coordinación entre todas las administraciones públicas con competencias en la gestión de las residencias. En especial, entre la Consejería de Salud y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social para lograr así un verdadero servicio sociosanitario.

3. La mejora de la atención sanitaria a las personas mayores, tanto en atención primaria como en especializada.

4. La apertura de los centros de salud cerrados durante la pandemia.

5. La realización de auditorías del sistema de salud y de los centros residenciales, en especial, de personas mayores, con el objetivo de establecer medidas que garanticen el cumplimiento de los servicios prestados, tal y como se recoge en el Pacto Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia del Covid-19.

6. Fortalecer la red de residencias públicas frente a la actual privatización de los centros residenciales de la Región de Murcia.

 

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