La 'burbuja' de las prejubilaciones: 2.100 euros por pasear por la playa de Gandía
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16 May La ‘burbuja’ de las prejubilaciones: 2.100 euros por pasear por la playa de Gandía

16/05/2017

Finales del mes de abril. Apenas alborea el día y Pedro camina con su perro Labrador Retrevier por el Paseo Marítimo Neptuno del Grao de Gandía (Valencia). Anda rápido y los cascos de su radio le mantienen conectado al mundo. Casi no hay gente en este balcón que da al Mediterráneo en la extensa playa de la localidad valenciana. Hace unos días, en plena Semana Santa, el lugar estaba repleto de turistas. Ahora, dos o tres individuos hacen deporte; se vislumbra algún camión de reparto y tres o cuatro personas más, de mediana edad, como Pedro, se sumergen en las páginas de un diario sentadas en los bancos frente al mar.

Los prejubilados. Una nueva clase social. Cuyo número total no se conoce realmente por no ser una ‘categoría’ fija, aunque algunos estudios, como el que ha llevado a cabo CCOO, calculan que puede haber alrededor de 600.000 en la actualidad en España. Y es que, cada vez, son más quienes se jubilan (les ‘obligan’ más bien) antes de llegar a la edad oficial de ‘retiro’, que está fijada en 65 años y cinco meses para 2017. El año pasado, 2016, 136.941 españoles se jubilaron de forma anticipada. Casi la mitad de los nuevos pensionistas de 2016, el 44,6% de un total de 306.890, según la Seguridad Social se prejubiló. Y la mayoría de ellos lo hizo sin llegar siquiera a los 60 años. Se batió así el récord de 2015, que a su vez rompió el de 2014.

Una de esas personas que lee la prensa junto al mar en Gandía es José Luis. Pedro no le conoce, aunque seguramente se habrán cruzado decenas de veces en este mismo paseo. Ambos pasan buena parte del año en la localidad valenciana atraídos por su benigno y templado clima. Aunque ellos no lo sepan, sus historias tiene mucho en común. Los dos son prejubilados, madrileños, se vieron obligados a dejar la vida laboral con apenas dos meses de diferencia y tienen una edad parecida: 58 y 56 años.

Pedro trabajaba en la banca, en el Santander, hasta diciembre de 2015 cuando se vio obligado a prejubilarse. Gana 2.135,62 euros netos al mes “por pasear al perro junto al mar”. José Luis llevaba “casi una vida entera” en Telefónica. En enero de 2016 no le quedó más remedio que acogerse a la prejubilación que le ofrecía (eran ‘lentejas’, no había otra posibilidad) la compañía de telecomunicaciones. Cobra 1942,36 euros netos al mes, 14 pagas, “Y cuando llega el día de cobro y estoy leyendo el periódico junto al mar o tiro la caña a ver si pica algún pez, sé que el dinero ya está en mi cuenta”. A veces, “pienso que todavía soy joven y que podría estar trabajando, pero por otro lado esto es una tranquilidad y según están las cosas saber que cada 30 días el dinero llega a mi cuenta es importante…”

Del Mediterráneo a la cuenca minera

Entre el Mediterráneo que baña la extensa playa de Gandía y el Pozo Sotón de la compañía minera pública Hunosa en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) hay 865,8 kilómetros. El 30 de octubre de 2016, Catalino FernándezSuárez bajó por última vez a la mina. Tenía entonces 47 años (54 de edad ‘química’ por los coeficientes reductores que se aplica a un trabajo de la penosidad y peligrosidad que tiene que desarrollar un minero). “A veces, pese a la peligrosidad y a la dureza del trabajo, echo de menos cuando a las 6,45 de la mañana se cerraba la ‘jaula’ y bajábamos a las galerías a sacar carbón. Ser minero es una forma de vida, una cultura, una filosofía…”

Mucha literatura se ha escrito sobre las prejubilaciones teóricamente desorbitadas que percibían a cuenta del erario público los mineros retirados anticipadamente (más de 30.000) en los diversos planes de reestructuración que se han llevado a cabo desde 1992 por lo sucesivos gobierno del PSOE y el PP. Lo cierto es que sus emolumentos van “desde 1.600/1.700 euros a los 2.573,70 (la pensión máxima)”, que percibe un minero que trabajaba en el arranque (extracción del mineral) o un empleado cualificado del ‘pozu moqueta’, como se conocía a los trabajadores de las oficinas de Hunosa.

En los últimos 10 años se han prejubilado o jubilado anticipadamente alrededor de 1,2 millones de personas. Algo más del 40% de los casi 3 millones de nuevos pensionistas que hay en nuestro país desde el año 2007. Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras hay que tener en cuenta que en España, hasta abril, había un total, según datos del INE, de 8,6 millones de pensionistas.

La prejubilación se convirtió hace ya casi cuarenta años en un mecanismo no traumático para ajustar los excedentes de plantilla de los sectores industriales en crisis. Posteriormente, el sistema lo han utilizado grandes empresas para reducir costes, reorganizando sus estructuras y procesos, a la par que otras entidades del sector público en dificultades económicas.

Los planes de empresas públicas, o que viven procesos de reconversión, se costean a cargo de las arcas públicas. Los acuerdos en las grandes empresas, con importantes ingresos, son asumidos por ellas mismas. El prejubilado es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico español. Oficialmente son demandantes de empleo, están apuntados en las lista del INEM, pero no buscan trabajo.

Desde los años 80, han sido millones los trabajadores los que se han prejubilado al albur de las grandes reestructuraciones y reconversiones que han llevado a cabo en España. La reconversión de la siderurgia en los años 80 y 90 del siglo XX, que contaba entonces con mastodónticas e ineficientes empresas como Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya o Altos Hornos de Sagunto, abrió la puerta y luego le siguieron la minería, el sector de automoción, los astilleros, las compañías de telecomunicaciones, las grandes cadenas de distribución, los medios de comunicación (más de 4.000 trabajadores de RTVE tuvieron que dejar la empresa anticipadamente entre enero de 2007 y diciembre de 2008) y, en los últimos años, la banca.

Un sector financiero que desde el comienzo de la crisis en el 2008 ha perdido 90.000 puestos de trabajo (más de 6.000 sólo en 2016) y ha cerrado 15.000 oficinas, además de comerse 60.700 millones de euros de dinero público en su rescate, según datos oficiales del Tribunal de Cuentas.

La enmienda Telefónica

Actualmente tienen en vigor planes de prejubilación empresas como el Banco de Santander, BBVA, Caixabank, El Corte Inglés, Telefónica o Seat. Se calcula que cada prejubilado, a partir de 55 años, le supone a la entidad financiera presidida por Ana Botín unos 300.000 euros hasta que alcanza la edad de jubilación y pasa a cobrar de la Seguridad Social. En los Presupuestos Generales del Estado para 2017 hay consignada una cantidad de 300 millones de euros para pagar las prejubilaciones de la minería del carbón y el Gobierno, por ejemplo, en el reciente conflicto por la liberalización de la carga y descarga de los puertos, ofrece 120 millones de euros para financiar las prejubilaciones de unos 1.500 de los 6.500 estibadores que hay en España.

Pero hablando de prejubilaciones, del uso al abuso hay un pequeño paso, que mucha gente piensa, por ejemplo la OCDE, que en España ya se ha dado. Así, la reforma de las pensiones aprobada por el anterior Gobierno socialista penalizaba, por primera vez, a las grandes empresas en beneficios que incluyeran a mayores de 50 años en sus ERE, obligándoles a costear sus cotizaciones, prestaciones y subsidios por desempleo. Fue la denominada enmienda Telefónica. Y es que la empresa de telecomunicaciones anunciaba en 2011 un gran ERE con prejubilaciones masivas de cerca de 7.000 trabajadores a partir de los 50 años, a la vez que anunciaba beneficios millonarios.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la publicación en el BOE del proyecto de ley en el que aprobó su reforma laboral de manera definitiva en 2013 para cambiar esta ley. Así, redujo el tamaño de las empresas afectadas de 500 a 100 empleados. Y eliminó el requisito de que el ERE afectará a más de 100 trabajadores, fueran mayores de 50 años o no.

El 16 de abril de 2013 El BOE publicó un decreto que endurecía el acceso a la jubilación parcial y anticipada y volvía a cambiar esta norma. Limitó la penalización a aquellas empresas en las que el porcentaje de mayores de 50 años despedidos fuera mayor al porcentaje de la presencia de este colectivo de trabajadores en la plantilla. Y amplió la penalización a las grandes compañías que tuvieran pérdidas el año del ERE, pero entrarán en beneficios durante dos ejercicios consecutivos “dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al inicio del ERE y los cuatro ejercicios económicos posteriores”.

La sostenibilidad del sistema de pensiones

Lo cierto es que, sea como fuere, y en medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, cada vez hay más prejubilados en esta piel de toro, donde la edad media de jubilación es de las más bajas de los países de la OCDE. Se sitúa en 2017, ejercicio en el que la edad oficial para el retiro es de 65 años y 5 meses, en 64,08 años de media. En realidad, las mujeres se jubilan con 64,55 años de media y los hombres con 63,78. Normalmente, los prejubilados perciben entre un 70% y un 80% del salario bruto que cobraban mientras estaban en activo y cuando pasan a la jubilación real su pensión se ve reducida entre un 8% y un 10%, merma compensada por los años de ocio de los que disfrutan.

La crisis se llevó por delante más de tres millones de empleos. Y aunque no distinguió entre jóvenes, mayores, hombres o mujeres, con estudios o sin apenas formación, los mayores de 55 años fueron, sin duda, uno de los colectivos más castigados. De hecho, a esta franja de edad pertenecían la mayor parte de los trabajadores que se quedaron en paro tras los Expedientes de Regulación de Empleo que pusieron en marcha numerosas empresas, tras aprobarse la reforma laboral en 2012.

Casi 600.000 desempleados de más de 55 años

Así, no es de extrañar que el número de desempleados en esta franja de edad se haya disparado un 322% desde el año 2007, al pasar de 137.500 a 580.130 personas en 2016, según denunció UGT en marzo durante la presentación del informe, ‘Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español’.

Y mientras, estas personas ‘expulsadas’ del mundo laboral a una edad tan temprana, la nueva clase social, se organizan en clubes de prejubilados, asociaciones lúdicas, hacen actividades, viajes, cursos… porque “con 50 años se está plena madurez y en lo mejor de la vida. Somos jóvenes, aunque parece que no para trabajar”, dice José Luis al teléfono mientras confiesa que prepara los aparejos de su caña para lanzar el anzuelo al ‘mare nostrum’.

Su ‘compañero de paseo desconocido’, Pedro, aficionado empedernido al fútbol, se subirá en un par de horas a un tren de cercanías para ir a ver el partido que el Valencia -“aunque soy seguidor del Real Madrid el Bernabéu me queda muy lejos desde aquí”, ríe-, disputa esa tarde en Mestalla.

Y en Asturias, en el corazón de las cuencas mineras, en el valle del Nalón, el ‘orbayu’ (lluvia fina o sirimiri en asturiano) no cesa mientras las minas que dieron esplendor y trabajo a esa tierra y sirvieron de combustible para nuestro país durante muchos años se van cerrando una tras otra. La última, la mítica mina Maria Luisa, en Ciaño (Langreo). Catalino bajó a trabajar y a sacar carbón de las entrañas de la tierra a la sexta galería del pozo Sotón, contratado por HUNOSA, en virtud al procedimiento de ‘preferencia absoluta’ porque el padre de su ex esposa había muerto en un accidente dentro del pozo. Hace tres años, a Catalino Fernández Suárez le dijeron que era ‘viejo’ para seguir en el ‘tajo’. Le prejubilaron, una conquista sindical de la organización, el SOMA-UGT-FICA, con la que sigue colaborando este minero prejubilado, y de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, que en el fondo esconda un drama: no hay trabajo para los ‘viejos’… 18,4% de tasa en paro en España. Sol en el Mediterráneo, orbayu en Asturias…

Noticia extraída de La información. 15/05/2017

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