La dura travesía para cobrar las pensiones de Noruega
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ARXINA

18 Dic La dura travesía para cobrar las pensiones de Noruega

18/12/2017

A sus 80 años, Manuel Rama sobrevive con 617 euros al mes. Pese a pasar 25 años enrolado en los mercantes de la marina de Noruega, el país escandinavo no le abona la pensión. En 1961 abandonó el municipio de Muros, en La Coruña, rumbo a Oslo. Un vecino lo llamó para cruzar el charco en los cargueros que llevaban mercancías a la zona de los Grandes Lagos y volvían repletos de grano. El salario era bueno, pero Rama no sabía que le esperaba durante la jubilación. Como él, otros 12.000 españoles (8.000 de ellos gallegos) se han quedado sin pensión, pese a haber pagado impuestos en Noruega durante toda su vida laboral. Sus ingresos proceden únicamente de lo que han cotizado en España u otros países, una vez que los barcos nórdicos dejaron de necesitarlos.

Agrupados en la Asociación Long Hope (Larga Esperanza) los marineros españoles saben que aún tienen que capear el último temporal de sus vidas. Desde 2008 encaran una batalla reivindicativa y judicial para intentar que les abonen las pensiones. Rama, tesorero de la asociación, Alberto Paz, portavoz, Juan Lores, presidente y Manuel Otero, vocal, acaban de regresar de Oslo a Galicia. Coincidiendo con la entrega del premio Nobel de la Paz, organizaron una protesta en la céntrica plaza Fridtjof Nansen. Casi cuatro horas con tres pancartas, a menos ocho grados bajo cero. «Más dura era la vida en el mar», aseveran.

«Se aprovecharon de nosotros»

Entre 1948 y 1994 los marineros españoles contribuyeron al erario público noruego con aproximadamente el 30% de su salario. Pero el país escandinavo aduce que no deben recibir la pensión, dado que no cotizaron a la Seguridad Social. Nunca pudieron hacerlo. En pleno desarrollo de la marina mercante nórdica, los armadores vinieron a España a buscar mano de obra. «En 1963 se firmó un convenio bilateral de doble exposición entre el gobierno noruego y el Ministerio de Trabajo español», explica Alberto Paz. Según el convenio, los marineros solo deberían tributar en el país escadinavo. El siguiente paso era rubricar el documento para garantizar la cobertura social. «En el año 64, Noruega se niega, argumentando que España era una dictadura. Se intentó nuevamente en el 67, en el 70 y en 1980, pero nunca se firmó», explica el portavoz de Long Hope. Otros países, con menos marineros en la flota noruega, sí lo lograron rubrircar. Long Hope cree que tienen derecho a las pensiones, porque los españoles dejaron unos 520 millones de euros de la época en impuestos en Noruega y nunca disfrutaron ni de las carreteras, ni de la educación, ni de la sanidad del país. Vivían en el mar. «Se aprovecharon de nuestro trabajo», afirma Paz. «Hubo gente que murió en accidentes laborales y ni las viudas cobraron», añade.

A finales de 2015, Long Hope decide dar la batalla en los tribunales. El abogado noruego Øyvind Østberg viaja a Noia y participa en una asamblea general donde les explica a los socios sus posibilidades. Deciden demandar al Estado noruego en primera instancia y entre el 4-5 de abril de este año se celebra el juicio en Oslo. «Noruega lo negó todo y culpó al Gobierno español, diciendo que deberíamos haber pagado los impuestos aquí, pero tras enseñarles la documentación reconocieron finalmente que sí», explica Paz. Sin embargo, el tribunal falló en su contra, dejándoles el recurso de apelación a instancias superiores. «En la sentencia se dice que el Estado noruego en ningún momento denegó las pensiones, hemos pedido 212 solicitudes de nuestros socios. ¿Quién las está cobrando? Nosotros, no», indica el portavoz de Long Hope.

El fallo obliga a los marineros, con una media de edad de 83 años, a seguir peleando en los tribunales. Pero el tiempo juega en su contra. Desde que se creó Long Hope, más de 40 socios han fallecido. «Si se creen que nos van a parar porque somos viejos y estamos cansados están muy equivocados, seguiremos luchando aún después de muertos», aseguran. Sus planes pasan por acabar todo el periplo judicial en Noruega con la esperanza de que el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo analice su caso. «Se está incumpliendo la Convención Europea de Derechos Humanos, concretamente el artículo 14, que indica que no puede haber discriminaciones por razón de nacionalidad», subraya Alberto Paz.

Para llegar a Estrasburgo existe un atajo. Pero de momento, los marineros no pueden tomarlo. El Gobierno español podría presentar directamente una demanda contra Noruega por el caso. Pero el Gobierno no ha atendido las demandas de Long Hope. «De Noruega esperábamos lo peor, pero lo que no esperábamos era el abandono al que nos ha sometido el estado español», indica el portavoz de la asociación, quien asegura que nunca han pedido dinero a las administraciones española o gallega, pero sí un apoyo que no han encontrado. «Nos dicen que han mantenido reuniones y cumbres, pero que nos expliquen qué han logrado, porque resultado favorable no hay ninguno», denuncia Paz. Para Long Hope, el Estado español y la Xunta de Galicia están más interesados en defender otros intereses comerciales de empresas noruegas y españolas, que en involucrarse en su causa.

Gran oportunidad

Los marineros creen que en el año 94 España perdió una gran oportunidad. Noruega, que no pertenece a la UE, firmó en esa fecha su adhesión al Espacio Económico Europeo (EEE). Este acuerdo une a los Estados miembros de la UE con los que forman la Asociación Europea de Libre Cambio, excepto Suiza, formando un mercado interior con libertad de personas, bienes, servicios y capitales. «En ese momento España pudo vetar su entrada si no se firmaba con carácter retroactivo el convenio bilateral para que tuviésemos derecho a las cotizaciones sociales», indica Paz.

En los últimos años, los integrantes de Long Hope se han entrevistado con políticos de todos los colores, han logrado que el Congreso y el Parlamento gallego aprobasen reclamar al Estado que los apoye y han obtenido una resolución del Parlamento Europeo en la que se indica que en su caso se está cometiendo una «grave injusticia social».

Noticia extraída de ABC. 17/12/2017

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