Los mayores, indignados con la utilización que hacen de ellos las empresas
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24 Abr Los mayores, indignados con la utilización que hacen de ellos las empresas

24/04/2020

Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables en la crisis del coronavirus. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, 12.460 personas mayores de 60 años habrían muerto por coronavirus sobre un total de 13.078 fallecidos, un 95,3%. Estos datos se extraen de un análisis sobre 152.582 casos notificados con información disponible de edad y sexo. Además, hay una cifra que el Gobierno mantiene en silencio y que hasta el momento no aparece contabilizada oficialmente, que es la de los muertos por coronavirus en residencias de mayores. Según los datos publicados por RTVE y proporcionados por las distintas Comunidades Autónomas, ascenderían a más de 15.000 personas fallecidas en estos centros desde que se inició la crisis del COVID-19.

 

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Ante la excepcional situación de los mayores en esta pandemia, el Comité Asesor de 65Ymáscompuesto por los máximos responsables de las principales Asociaciones de mayores de España y que representan a más de 4 millones de personas, ha analizado la respuesta que se está dando desde los distintos sectores y administraciones a este colectivo. Un análisis que va desde la necesaria revisión del modelo actual de residencias hasta la denuncia de la utilización y discriminación de los mayores.

El comité Asesor de 65ymás está compuesto por: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (CONJUPES), Asociación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS), Asociación Grupo de Mayores de Telefónica (AGMT), Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras (CCOO Pensionistas), la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT (UGT-UJP) y Nagusilan.

Comité Asesor de 65Ymás

 

Utilización de los mayores

En el ambiente flota la sensación de que durante esta crisis se está utilizando a los mayores para limpiar la imagen de algunas entidades tanto públicas como privadas, tal y como apunta Vicente Sanz, presidente de CONJUPES. «Hay ciertos anuncios en los medios en los que se dice que se van a hacer cosas para los mayores que después nunca se hacen», se lamenta Paca Tricio, presidenta de UDP.

En la misma línea, Marina Troncoso, presidenta de CAUMAS, asegura que «muchas entidades, sobre todo financieras, están utilizando al colectivo de mayores para ofrecer una imagen de solidaridad muy alejada de la realidad». Por su parte, Julián Gutiérrez, Secretario General de Pensionistas CCOO, explica que «los bancos presentan medidas para ayudar a las personas mayores, pero al leer la letra pequeña ves que es sólo propaganda».

«Los mayores no reciben un trato justo ni acorde con lo que han aportado y siguen dando a la sociedad», declara Luis Álvarez, secretario general de la AGMT, mientras que para Juan Manuel Martínez, presidente de CEOMA, «no se está limpiando ninguna imagen, más bien todo lo contrario. Es como si los mayores no existiéramos, pero esta vez por exceso, parece que ahora estamos en todas partes pero no, es todo lo contrario».

Anatolio Díez, secretario general de UGT-UJP, se preocupa por otro aspecto del problema: «Todas las fuerzas políticas intentan utilizar a los mayores, un colectivo con más de nueve millones de personas, un peso importante en el reparto de votos y por tanto de poder. Ahora bien, será difícil, por no decir imposible, que alguien pueda sacar réditos políticos/electorales de la gestión realizada sobre los servicios sociales que deben satisfacer las necesidades de la tercera edad: atención domiciliaria, centros de día, residencias…».

Discriminación 

Para nuestro Comité Asesor, otro de los problemas que ha quedado descarnadamente patente durante esta crisis es la cada vez mayor discriminación por razón de edad, el edadismo, que se ha instalado en nuestra sociedad. «La discriminación sufrida a la hora de recibir atención sanitaria, así como en las residencias, ha sido evidente, indignante e intolerable», plantea Luis Álvarez. Mientras que Juan Manuel Martínez reflexiona sobre cómo «la crisis ha puesto de manifiesto que hay mucha gente que ni sabe lo que quiere decir ‘edadismo’ y es la propia ignorancia sobre el tema la que evidencia la existencia de esta discriminación».

«En esta crisis estamos viendo unos niveles de edadismo, al que por desgracia estamos ya acostumbrados, cada vez mayores. Decir que no se puede apoyar a un paciente simplemente por su edad es edadismo», denuncia Paca Tricio. «El edadismo se ve en la imagen que se sigue dando de los mayores, recluidos por su edad, a los que se refieren con términos paternalistas, creando estereotipos negativos de viejos asustados, incluso prescindibles por su edad en caso de que ‘no haya atención médica para todos’. Totalmente indignante», acusa Marina Troncoso.

A los sindicatos tampoco les cabe duda. «Lo hemos visto en relación a la atención a mayores a la hora de ingresar en las UCI. Las declaraciones de algunos responsables políticos han sido de juzgado de guardia», explica el responsable de la Federación de Pensionistas de  CCOO. «La edad se ha convertido en una etiqueta que, ahora más que nunca, puede marcar nuestra caducidad. Se ha convertido en un salvoconducto ante el coronavirus. La edad como frontera entre la vida y la muerte, y los políticos, como en el caso de la Generalitat de Catalunya, deciden protocolos sanitarios de actuación frente a la pandemia como guardianes de esa frontera. La sensibilidad sanitaria de muchos políticos que toman decisiones ha sido sustituida por la sensibilidad económica del retorno de la inversión. La relación riesgo/eficiencia se ha transformado en el axioma empresarial coste/beneficio», denuncia desde UGT Anatolio Díez.

Medidas de los supermercados

Por lo que a la relación de las grandes empresas con los mayores se refiere, las reacciones difieren según los sectores que analizados, empezando por el de la alimentación donde encontramos diferentes percepciones. Desde UDP aseguran que “los supermercados no se están comportando de forma desleal. Algunos no se han preocupado por los mayores, posiblemente por falta de coordinación, pero otros como Carrefour, Mercadona o El Corte Inglés han tomado medidas para ayudarlos”. Y desde CAUMAS piensan que “en general los supermercados están dando un buen servicio ampliando pedidos telefónicos y entregas a domicilio”.

Sin embargo, en Mayores Telefónica mantienen que “se han tomado algunas medidas, pero insuficientes. No se ha tenido en cuenta la edad a la hora de priorizar pedidos y atención telefónica y se ha olvidado que Internet no está al alcance de muchos mayores”. Para el presidente de CONJUPES, “no se actúa bien con medidas que presumiblemente tratan de favorecer la compra de los mayores. Con esto se consigue profundizar en el estigma de los mayores a los que hay que proteger, favorecer y dar un trato preferente cuando no es así. Hay que tratarlos como a cualquier otro, con las particularidades propias de la edad, ayudar en momentos puntuales y promover su independencia. Menos paternalismo, menos demagogia y más civismo y educación”.

Desde CCOO piensan que “la ayuda a los mayores debería ser más grande y cercana. Se echan en falta teléfonos gratuitos para ellos, más del 18% de la sociedad». En el mismo sentido CEOMA apunta que “en principio, parece poco inteligente ignorar a un grupo de población muy importante para su volúmen de negocio”.

Mientras que desde UGT nos recuerdan que “las urnas dicen que hemos elegido vivir en una sociedad de libre mercado cuya mano invisible lo regula, a veces en forma de usura. Poco o nada podemos esperar del empresariado, el capitalismo no tiene rostro humano, solo piensa en el retorno de su inversión en forma de beneficio”.

El negocio de las funerarias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga al sector funerario y el Gobierno le ha señalado porque algunas empresas han incrementado precios aprovechando la crisis. De hecho, el Ministerio de Consumo ha detectado subidas «indiscriminadas» de hasta 2.000 euros en los precios de los servicios funerarios de algunas de estas empresas, por lo que ha ordenado volver a los precios que estaban vigentes el día 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Juan Manuel Martínez considera que si esto es así “habría que ponerles una multa altísima”.

“Me parece deleznable cualquier aprovechamiento que se haga al amparo de la crisis”, apunta Luis Álvarez, mientras Marina Troncoso explica que “si se encuentran pruebas de que están aprovechando la situación, deberían devolver multiplicado el beneficio logrado de forma tan mezquina y debería retirarles el permiso de actividad”.

En CCOO han recibido «muchas quejas que nuestros delegados están denunciando. Hay que fijar precios justos. Hay usuarios que han pagando toda la vida para tener estos gastos cubiertos y hay gente que se queja de que las funerarias se están ahorrando salas de tanatorio, flores…”

“Si se prueba esta actuación la Administración debe castigarlo con dureza”, dice Vicente Sanz y Paca Tricio opina que “la subida de precios en esta emergencia, no solo en las funerarias, es generalizada en los productos relacionados con la crisis en los que se pueda ganar dinero”.

Mascarillas

El Gobierno acaba de regular el precio, pero “durante semanas las mascarillas han subido su precio de forma desaforada y la gente con problemas económicas, que ahora es muchísima y las necesitan, no han podido acceder a ellas. Hay empresas que se están haciendo millonarias con esto. Es inmoral”, denuncia la presidenta de UDP.

“Deberían ser gratuitas para los mayores, sobre todo si viven solos y deben salir a por ellas. A los cuidadores deberían darles también guantes y EPI los ayuntamientos para que no se abuse de la situación”, manifiesta el presidente de CEOMA. A lo que el de CONJUPES añade que “ha existido un momento en que las mascarillas se han convertido en productos de lujo fuera del alcance de las pensiones mínimas”. Desde CAUMAS también piden al Gobierno «que las mascarillas sean gratis para todos».

“Las mascarillas, gel desinfectante, guantes… no pueden ser objeto de lujo para las pensiones mínimas”, reclama el secretario general de UGT-UJP. Y el responsable de CCOO recuerda que “no se puede permitir que pensionistas que lo pasan mal para llegar a fin de mes deban pagar por mascarillas. Asistentes y cuidadores tampoco han tenido esta protección, se han cometiendo barbaridades poniendo en riesgo a trabajadores que no suelen llegar a cobrar 800 euros”. Lo mismo opina el secretario general de Mayores Telefónica: “En estos momentos son bienes de primera necesidad y eso debe tener consecuencia en su precio y tributación”.

Las residencias: «Una vergonzosa realidad»

Geriatra durante cinco décadas, José Manuel Martínez mantiene que dentro del problema de las residencias «las que mejor lo han afrontado son las que previeron antes lo que iba a venir y se proveyeron de mascarillas, protectores, guantes… cuando aún se podían comprar. Son residencias que obtuvieron la información por sus propios medios, no a través de las administraciones que debían informarles. Las que se confiaron no han hecho nada hasta que la Administración ha dado a esto la importancia que tiene. Me consta que estos centros están en manos de personas serias, podían haber tomado antes las medidas, pero la información llegó tarde».

Y plantea soluciones: «Hay que cambiar el sistema, debería haber habitaciones individuales, salvo para matrimonios; hacer chequeos al ingreso; desinfectar antes de que pase nada; formar a los trabajadores para que cuiden más al residente que al centro y darles pautas para que si surge un problema así puedan tomar medidas oportunas; facilitar la evacuación a clínicas donde los mayores sean tratados igual que el resto de la población… Las residencias deben ser centros sociosanitarios y hay que darles recursos y formación para que de verdad lo sean”.

Para Paca Tricio, las residencias “deberían ser centros sociosanitarios y disponer de médicos, aunque en algunos casos los hay. Por eso se han encontrado con una situación gravísima. La Administración ha tardado en tomar medidas, pero lo cierto es que nadie se esperaba esta situación”. Luis Álvarez apostilla: “No tengo datos para señalar responsables, lo que parece evidente es que la pandemia se ha cebado duramente con las personas que estaban en residencias y que la gestión documental e informativa está siendo insuficiente”.

Muy crítica se muestra Marina Troncoso, que asegura que “el responsable es la ambición. Se ha tratado a las residencias como mera inversión para lograr beneficio a costa de incumplir los mínimos requisitos de seguridad para los residentes. Los responsables son gerentes y/o directores que no han cumplido las normas y también las administraciones por no vigilar que se cumplan. Se han falseado los datos para no evidenciar una vergonzosa realidad».

Para Vicente Sanz, “no es momento de buscar culpables ante una situación que nos cogió a todos confiados y desprevenidos. Ahora debemos buscar soluciones y sentar las bases para que no vuelva a ocurrir, debemos ir a un modelo residencial distinto al que tenemos”.

Los sindicatos se unen a las críticas. “Las empresas y administraciones deben poner más recursos de prevención en estos servicios. Llegan denuncias de que están más preparados para no contagiar el virus los supermercados que las residencias”, alerta Julián Gutiérrez.

Anatolio Díaz, por su lado, considera que “los casos de incumplimiento generalizado, falta de cooperación, negligencia, ilegalidades o engaño, están previstos en la Constitución y el Gobierno puede aplicarla porque ha existido falta de previsión y protocolos. No podemos permitirnos el lujo de que se haga negocio con piezas fundamentales del estado de bienestar, con la salud, educación, energía, agua, dependencia, residencias…”.

Críticas a la banca

Especialmente crítico con la actuación de la banca en esta crisis se muestra Anatolio Díez: “Creo en el estado de bienestar y lo defiendo. Hoy es más necesario que nunca pero está más esquilmado que nunca. La desinversión en políticas sociales, medidas de privatización o venta de sectores estratégicos como electricidad, telecomunicación, transporte, agua, sector industrial y químico… Hoy se ve que son sectores necesarios para el desarrollo de políticas sociales y esenciales para encarar con éxito situaciones como la actual”, explica el secretario general de UGT-UJP antes de añadir: “¿Público, Privado? ¿Mercado libre, Estado de bienestar? Qué podemos esperar de una banca usurera, que sigue haciendo desahucios. El mejor servicio que puede hacernos la banca es devolvernos el dinero que le prestamos para salvarla de la quiebra. Incluso les condonamos los intereses de esa deuda, 72.000 millones según el Banco de España”.

No se queda atrás Julián Gutiérrez, que respecto a la imposición implícita del uso cajeros automáticos y banca on line a los mayores, incluidos los de más edad, recuerda que “hay un porcentaje muy alto de pensionistas que no tiene ordenador, no tiene Wifi en sus casas, el precio es excesivo y/o no saben cómo entrar en Internet». También recuerda a la España vaciada: “La despoblación del ámbito rural debería ser eje de actuación central de las instituciones dotando de recursos que hagan posible asegurar la oportunidad de un envejecimiento activo. En muchos pueblos cierran las oficinas bancarias y los mayores no pueden sacar dinero para pasar el mes, tienen que valerse de sus hijos y vecinos. Echamos en falta más atención hacia los mayores».

Vicente Sanz cree que «la banca online es otro campo en el que debemos avanzar y en eso estamos las organizaciones de mayores, dando información y formación en el uso de las herramientas informáticas, banca a distancia y utilización de los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, pero se va poco a poco. Es algo en lo que tenemos bastante que avanzar, pero todo llegará».

Para Luis Álvarez, “dos días de adelanto en el cobro de las pensiones no es solución” y lo mismo opina Marina Troncoso, para quién las medidas de  la banca para adelantar pensiones “son como fuegos artificiales, brillan un momento, nada más. Es necesario facilitar la gestión bancaria a los mayores de manera personalizada”.

Mientras que Juan Manuel Martínez piensa que «los bancos deberían tener una actitud diferente cuando el cliente es una persona muy mayor o con cierto grado de dependencia y facilitar las cosas. No se puede hacerles usar, porque les cuesta mucho, cajeros automáticos. Hay países en los que se señala un día para recoger a los mayores y llevarles al banco a explicarles cómo van sus cosas y darles facilidades. El futuro de la banca pasa por hacer desaparecer el papel moneda y promover el uso de tarjetas, pero éstas deben ser de fácil manejo para los mayores, no como ahora que los números de los cajeros casi no se ven y en las pantallas se dan instrucciones que a veces no pueden leer». Y el doctor Martínez hace una propuesta: «Hay muchos pueblos que no tienen de oficinas bancarias, ni tan siquiera un cajero. Habría que implantar la fórmula de camiones que hagan las veces de oficinas, pero representando a varios bancos, camiones multibanco para que las personas de la España vaciada pudiesen, una o dos veces al mes, recibir sus pensiones y hacer las gestiones en sus pueblos. No es tan difícil”.

Los seguros deben devolver servicios no prestados

Cuando preguntamos a Paca Tricio qué medidas deberían adoptar las aseguradoras para ayudar a los mayores en la crisis no duda en responder: “Abrir las manos y los brazos para ayudar cada cual en la medida que pueda”. Respecto a los servicios contratados y no recibidos tanto Paca Tricio como Vicente Sanz, Luis Álvarez, Juan Manuel Martínez, Anatolio Díez y Marina Troncoso tienen claro que las aseguradoras “deberán devolverlo”.

Además, en CAUMAS advierten de que las aseguradoras deberían “preocuparse por ofrecer a cada persona lo que necesita, revisando contratos y/o ofreciendo nuevos servicios derivados de las nuevas necesidades”. En este sentido, Julián Gutiérrez apunta que “sabemos que están desbordados, pero tenían que tener un trato más cercano con el colectivo de mayores y más en unos momentos en los que necesitan sentirse y ser tratados como seres humanos”.

Las “telecos” funcionan bien, pero todo es mejorable

Por lo que a empresas de telecomunicaciones se refiere, mientras Marina Troncoso piensa que “habría que reducir la tarifa a los jubilados”, Paca Tricio considera que “las operadoras se están comportando muy bien”. Lo mismo opina Juan Manuel Martinez quien afirma que «están teniendo en cuenta a los mayores», si bien puntualiza que “existe el problema de que los teléfonos de atención al público, en un 80%, se manejan de forma telemática y con una pandemia así habría que eliminar esa respuesta automática que no sabe si eres o no una persona mayor”.

Desde Mayores Telefónica, Luis Álvarez explica que “Telefónica está poniendo en marcha diversas iniciativas conjuntamente con nuestra Asociación y su Programa de Voluntarios. En cualquier caso, las inversiones que Telefónica ha hecho en los últimos años en la red se pueden apreciar en momentos como este en el que se está soportando un consumo de datos enorme a través de videollamadas, consumo de TV, Netflix… que está siendo posible sin colapsar las redes”.

Sin embargo, Vicente Sanz nos dice: “No conozco ninguna medida que favorezca el pago de los recibos de las operadoras, ni rebajas en sus servicios” y Julián Gutiérrez piensa que “no nos tienen en cuenta, no hay ofertas para mayores. Podrían facilitarles la comunicación con sus familiares, por ejemplo proporcionándoles tabletas para poder ver a sus hijos y nietos”. Y sobre la España vaciada explica que han “recibido quejas de pensionistas con dificultades para conectarse a las redes y con familiares, cuando a esas edades es fundamental la comunicación y el apoyo y comprensión de amigos/as”.

Por su parte, Anatolio Díez hace hincapié en la brecha digital: “También nos preocupan las nuevas generaciones, la imposibilidad de acceder a su formación por la carencia de recursos económicos en sus familias que no pueden acceder a una conexión a Internet lo que impide que sigan sus clases on line y pierdan  un tiempo muy valioso para su formación”.

¿Aplazar o condonar facturas?

Para CAUMAS, la medida del Gobierno que garantiza que a nadie se le cortará la luz durante la crisis es “necesaria, pero siempre se puede mejorar”. Sobre esto UDP opina que la medida es “para quitarse el sombrero. Social, necesaria y de gran envergadura”, pero advierte que las compañías podrían “abaratar luz y gas para la gente más vulnerable. No se puede tratar igual a quien recibe una pensión de 400 euros y a quien recibe más de 2.000”. También Marina Troncoso cree que “la energía debería ser más barata para los jubilados. Es una necesidad básica y con una pensión mínima el pago de la energía debería ser mínimo”.

Al presidente de CONJUPES la medida del Gobierno le parece “buena y oportuna”, pero cree que debería acompañarse de otras “como el Salario Mínimo Vital si queremos salir todos de la crisis económica y social que se avecina”. Recuerda que “ las compañías llevan años con beneficios multimillonarios y deben de ser solidarias con quien ahora lo pasan mal. Además, si a pesar del aplazamiento no se puede pagar se debe de eximir del pago”. En la misma línea, la presidenta de CAUMAS afirma que “cuando hay necesidad de aplazamiento debe hacerse a muy largo plazo y debería existir la posibilidad de condonar la deuda en casos de extrema necesidad”.

Sobre la medida del Gobierno, CCOO opina que ”es positiva pero insuficiente. Todo el mundo deberá pagar los recibos, tenga o no más ingresos”. Por su lado, en UGT explican que “siendo como es un sector privatizado poco más se puede hacer, salvo intervenirlo en caso de necesidad o incumplimiento» y abogan por “conseguir un IVA menos regresivo para ayudar a abaratar el precio de bienes y servicios básicos”. En este sindicato dicen que “un aplazamiento no es una condonación, la deuda permanece y habrá que abonarla. La solución es la condonación durante el tiempo que dure la alarma y ampliarla hasta que recuperemos nuestra economía”.

Por último, en este punto el presidente de CEOMA lo tiene muy claro: “Es adecuado que no se corte la luz y el gas, sí, pero también debería reducirse su precio porque se pide a la gente que se quede en casa y eso aumenta su consumo”. Y concluye, “en este tema mi opinión es muy drástica. Da igual que hablemos de un mayor o de un autónomo, ¿de qué sirve aplazar los pagos?, hay que suprimirlos, no retrasarlos”.

Noticia extraída de 65YMás. 24/04/2020

 

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