Resolución aprobada en el III Comité Estatal de la UJP
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07 Jun Resolución aprobada en el III Comité Estatal de la UJP

07/06/2018

Madrid, 6 y 7 de junio

La UJP pide que el Pacto de Toledo recupere su protagonismo, manifiesta  que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un derecho básico e irrenunciable, y anuncia que promoverá cuantas acciones considere oportunas para frenar el empobrecimiento de los pensionistas de nuestro país.

La Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT sigue reivindicando la derogación de la reforma del Gobierno de 2013, que condena a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento progresivo.

El III Comité Estatal del sindicato considera imprescindible volver a recuperar el IPC, como referente para subir las pensiones, y retomar la cordura a través del Diálogo Social y el Pacto de Toledo, que debe recobrar su protagonismo, para llegar a un acuerdo que asegure unas pensiones dignas.

La Unión de Jubilados se marca una prioridad este año: que el 2018 sea el del comienzo de la recuperación y del reparto de la riqueza, que desde 2010 está en manos de unos pocos. Una estrategia sindical que tiene como objetivo dar la máxima seguridad al colectivo de jubilados y pensionistas, que pierde poder adquisitivo año a año.

En este contexto, el sindicato está convencido de que solo desde lo público se puede garantizar nuestro sistema de pensiones, con un grave problema de ingresos en este momento. La UJP “ha dado una lección de dignidad” en el último año con la reivindicación en la calle. Una protesta social imparable que, según el Secretario General de la Unión Estatal, Anatolio Díez, los jubilados de UGT van a mantener dispuestos a luchar “por los derechos que tanto ha costado conseguir”.

Mientras la mesa del Diálogo Social y la del Pacto de Toledo siguen bloqueadas, la cuantía real de las pensiones se ve reducida gracias al ‘índice de revalorización’, que supondrá una pérdida de entre un 30% y un 40% en los próximos veinte años. De esta forma, una pensión de 1.000 euros se recortará hasta los 718 euros o 585, según la inflación anual. Recortes que se unen al impacto del factor de sostenibilidad, en un contexto en el que los pensionistas tienen que hacer frente a más gastos adicionales, como el copago farmacéutico que apostamos por eliminar.

El mantenimiento del poder adquisitivo es un derecho básico que hay que garantizar, especialmente tras la caída del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que el Ejecutivo ha esquilmado. Por eso, la UJP pide que se revisen de manera inmediata las fuentes de financiación. Este sindicato estima necesario que el sistema de pensiones se financie no solo con cotizaciones, sino con impuestos. Por otra parte, la reforma laboral que facilita el despido solo ha precarizado el empleo y devaluado los salarios. Un atentado también contra las arcas de la Seguridad Social.

La Unión de Jubilados ha puesto de manifiesto, por otra parte, su preocupación por la pobreza como uno de los problemas más acuciantes en un mundo cada vez más desigual. Pobreza que afecta especialmente a las personas mayores, por eso reclaman un Estado de Bienestar fuerte.

En relación a la Ley de dependencia, la UJP-UGT critica la deriva hacia la que el PP ha llevado esta norma y exige la aplicación de la Ley de manera integral, de tal forma que se asegure la prestación universal y pública como un derecho subjetivo. Asimismo, pide una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones, al menos un 20%, y la compatibilidad entre determinadas prestaciones.

De igual manera, el III Comité Estatal apuesta por la derogación de todas aquellas leyes del PP que han supuesto recortes en derechos y libertades, como puede ser la ley mordaza, que ha afectado a nuestros derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Valoramos la unidad de acción como un elemento imprescindible para el cumplimiento de nuestras reivindicaciones fundamentales. Por este motivo, el Comité ve imprescindible y necesario continuar manteniendo la unidad de acción con CC.OO. y con todos aquellos colectivos que coincidan con nuestros planteamientos y reivindicaciones.

Ante la necesidad urgente de afrontar los graves problemas que afectan a nuestro colectivo de mayores en materias sanitarias, servicios sociales, y fundamentalmente en aquellas que tienen una relación directa con el Estado de Bienestar, y aún siendo conscientes de los márgenes limitados a los que lógicamente está sujeta la acción del nuevo Gobierno, vemos como imprescindible  la urgente toma de decisiones por parte del Ejecutivo en las materias más sensibles de nuestro modelo de Bienestar.

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