Todas las claves sobre las pensiones que vienen
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22 Ene Todas las claves sobre las pensiones que vienen

22/01/2018

Este año las pensiones perderán poder adquisitivo, debido a que la inflación en 2017, superó el 0,25% de revalorización. Y este deterioro se verá acrecentado el próximo año, cuando entre en vigor el Factor de Sostenibilidad. Sin embargo, la situación de las cuentas del sistema sigue siendo acuciante lo que, unido a la crisis demográfica que se avecina, provocará la necesidad de nuevos recortes. Una situación problemática cuando el Fondo de Reserva ya se ha agotado.

Durante los últimos días, las nuevas propuestas del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones han abierto la caja de los truenos.

Por un lado, las reformas emprendidas hasta la fecha, así como muchas de las acometidas en otros países de Europa, pasan por moderar los incrementos de la nómina de las pensiones, pero todavía no han logrado reducir el desequilibrio del sistema público; por otro, el PSOE y Podemos pretenden mantener la senda actual de gastos e, incluso, acelerarlos, cargando el déficit del sistema sobre la banca, pero la creación de nuevos impuestos puede resultar en un mayor perjuicio sobre la economía.

 

Sin embargo, independientemente de estas medidas, este año es el primero en el que las pensiones perderán poder adquisitivo, una merma que se acentuará en los ejercicios posteriores. En 2018, como en los últimos ejercicios, las pensiones sólo se revalorizarán un 0,25%, con la diferencia de que los precios subieron un 2% en el conjunto del año pasado (un 1,1% en diciembre).

Además, el próximo ejercicio entrará en vigor el Factor de Sostenibilidad, que rebajará las prestaciones de forma paralela al aumento de la esperanza de vida. Todos estos ajustes son completamente necesarios para asegurar la viabilidad de las pensiones, en un momento en el que las cuentas están descontroladas por el fuerte avance de los gastos a lo largo del tiempo, la caída de los ingresos derivada de la crisis económica y la inversión de la pirámide demográfica, que aboca al país a un futuro con cada vez menos cotizantes por cada pensionista. Todo ello da pie a unos ajustes que quizá deberían ir más allá de lo que se discute en el Pacto de Toledo, según muchos expertos.

Insostenibilidad

El sistema de pensiones se encuentra en una situación insostenible. A pesar de la recuperación del mercado laboral, las cuentas de la Seguridad Social apenas se han empezado a sanear. Hoy, la Seguridad Social tiene que dar cobertura a 8,7 millones de pensionistas, 1,1 millones más que al principio de la crisis, y cada uno de ellos percibe, de media, 250 euros más al mes que hace una década. En conjunto, una subida del 57% de los costes del sistema.

En cambio, los ingresos se han mantenido prácticamente estancados a lo largo de este periodo, debido a la disminución del número de ocupados y a que la moderación salarial, pese a favorecer la recuperación del empleo, ha hecho mella en las cotizaciones. Todo esto ha provocado que el sistema de previsión tenga un déficit de unos 18.000 millones de euros en 2017, que apenas se reducirá a los 16.000 millones este ejercicio.

Generosidad

Una de las razones del déficit del sistema es que el modelo español está entre los más generosos del mundo. Actualmente, un jubilado recibe una primera nómina equivalente al 72% de su último salario. En cambio, en el conjunto de la OCDE esta tasa de sustitución cae al 53%.

Durante algún tiempo, esta cantidad se ha podido pagar gracias a la existencia de un dividendo demográfico (había mucha más población en edad de trabajar que en la de estar jubilado), unas cotizaciones sociales muy por encima de las de los países desarrollados y una fuerte inmigración. Sin embargo, estos factores se están volviendo en contra de la sostenibilidad del sistema.

Por un lado, el dividendo demográfico empieza a entrar en terreno negativo; por otro, las cotizaciones sociales no tienen margen de subida (y algunos expertos piden incluso rebajarlas para favorecer la creación de empleo); y, además, el número de inmigrantes también se ha reducido.

Demografía

Actualmente, hay 2,1 trabajadores por cada pensionista. Esta ratio se encuentra al borde del equilibrio financiero, de acuerdo con los estándares de la OCDE, siempre que el coste de las pensiones se modere. Por eso, muchos políticos fían la mejoría de la viabilidad de la Seguridad Social a una mayor recuperación del empleo y los salarios.

El gran problema, sin embargo, es que una mejor coyuntura no basta para frenar el severo deterioro demográfico del país. Actualmente, la edad media de los españoles ya alcanza los 44 años y en varias provincias supera incluso los 50.

Además, a partir de mediados de la próxima década, el país afronta un desafío crítico: la jubilación de los baby boomers. Entre 2025 y 2050 se retirarán millones de personas y, si la inmigración no lo remedia, este contingente superará ampliamente al de nuevos trabajadores. Con ello, la relación entre ocupados y pensionistas podría verse ubicada por debajo de la cifra actual, incluso en una situación de pleno empleo, lo que obligará a nuevos ajustes.

Reformas

Durante los últimos años se han puesto en marcha una serie de medidas con el objetivo tanto de aumentar los ingresos del sistema como, principalmente, de frenar el crecimiento de los gastos. En este sentido, se ha puesto coto a las prejubilaciones, se ha elevado la edad de retiro y se está incrementando progresivamente el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión hasta los 25 ejercicios, una cifra que el Gobierno está barajando extender todavía más allá.

Asimismo, se han desarrollado fórmulas para prolongar la permanencia en el mercado laboral, como la jubilación a tiempo parcial o incentivos para aquellos que se jubilen más tarde de la edad legal de jubilación y penalizaciones para quienes lo hacen antes. Por último, hay dos fórmulas clave para moderar el incremento de las pensiones: el Índice de Revalorización y el Factor de Equidad Intergeneracional.

Nuevas fórmulas

El Índice de Revalorización de las Pensiones entró en vigor en 2014 y establece que las nóminas dejarán de actualizarse anualmente conforme a la inflación, sino que lo harán en función de la posición financiera del sistema. Cuando la salud de las cuentas de la Seguridad Social es mala, como sucede en la actualidad, las pensiones se revalorizan un 0,25%, lo que supone que pierden poder adquisitivo. Esta medida, junto con un presumible aumento de ingresos por la también presumible subida de sueldos, ayudará a sanear el sistema. Por su parte, el Factor de Equidad Intergeneracional, que se empieza a aplicar el próximo ejercicio, liga la pensión inicial a la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

Es decir, se divide lo aportado entre la mayor cantidad de años que se espera que vivan las personas en el futuro. Si alguien se retira en 2021 con los mismos años y capital cotizado que otra persona en 2014, disfrutará de una pensión un 5% inferior a la de esta persona. Este es el primer recorte nominal de las pensiones aunque, en sentido estricto, se trata de una redistribución del mismo capital total a lo largo de más años.

¿Más medidas?

Aunque estas medidas han logrado moderar los costes del sistema, hace falta un esfuerzo añadido. Por eso, el Pacto de Toledo está estudiando medidas tales como extender todavía más el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión (permitiendo descartar alguno malo si se han cotizado muchos ejercicios), poder percibir la jubilación mientras se sigue trabajando más allá de la edad legal de retiro, crear un nuevo impuesto específico para financiar las pensiones o pagar las bonificaciones a la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no mediante el sistema de previsión. El problema es que muchas de estas medidas parecen insuficientes. Por ejemplo, un único impuesto para financiar el déficit de la Seguridad Social implicaría que el Impuesto de Sociedades casi se duplicara o que el IVA se incrementara un 20%, por ejemplo.

Los expertos

Aunque estas medidas pueden seguir frenando los costes del sistema, la situación es más acuciante de lo que parece. Por eso, muchos economistas reclaman ir más allá, profundizar en las recetas como el adelanto de la edad de jubilación y anticiparlas. Algunos también abogan incluso por eliminar la cifra mínima para la revalorización de las pensiones.

Otros expertos exigen, además, destopar las bases de cotización, elevar las aportaciones de los autónomos o introducir un sistema de cuentas nocionales. Este sistema tendría la ventaja de que acota las prestaciones a lo estrictamente aportado durante la vida laboral, de forma que se evita el déficit del sistema a lo largo del ciclo.

Esto, no obstante, puede redundar en una pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas, por lo que sería recomendable acompañar su introducción con un pilar de capitalización que podría ir ganando peso progresivamente. Este sistema de capitalización ha servido para que países como Holanda disfruten de unas pensiones prácticamente iguales a los salarios, con una contribución al pago de las pensiones más moderada que la española, gracias a que los ahorros generan una rentabilidad que se acumula a lo largo del tiempo.

Fondo de Reserva

Una de las razones por las que las reformas tienen que ser más intensas es que el Fondo de Reserva, que se creó en el año 2000 para facilitar el pago de las prestaciones cuando hubiera una coyuntura desafavorable, ya se ha agotado.

Entre la fecha de su creación y el año 2011, la hucha de las pensiones llegó a acumular 70.000 millones de euros, pero las arcas comenzaron a menguar de forma cada vez más acentuada, primero, disponiendo de los intereses que se habían generado y, posteriormente, retirando el principal. Actualmente, el Fondo apenas cuenta con 8.095 millones de euros, y eso después de que el Ejecutivo le facilitase un préstamo de 10.192 millones de euros.

Es decir, el Fondo de Reserva se habría agotado, de no ser por este salvavidas financiero que no deja de ser un mero artificio contable. Esto significa que el tiempo para reformas suaves se ha acabado, porque ya no queda nada del colchón del que España sí disponía hace siete años. El problema es que en este periodo, en vez de empezar a arreglarse el problema, el déficit se ha multiplicado por dieciocho.

Noticia extraída de Expansión. 22/01/2018

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