24 May Resolución de urgencia del Congreso Confederal de UGT: Por una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social

17/05/2021

Según el Banco de España, la Seguridad Social debe al Estado más de 75.000 millones de euros. Es el resultado de varios años en los que los gobiernos, en lugar de hacer aportaciones de los presupuestos a la caja de las pensiones, como exige la Ley de Seguridad Social, han aportado fondos en forma de préstamos.

Aún no se han derogado la reforma de pensiones y el Gobierno, en sus compromisos con Bruselas, incluye diversas medidas que supondrían nuevos recortes en las mismas, entre las cuales, atrasar la edad real de jubilación, o aumentar el periodo de cómputo de la pensión.

Los buitres, bancos y fondos de pensiones, aprovechan la situación para exigir recortes en las pensiones (que alimentarían sus negocios), y desde el gobierno se han apuntado varias ideas para bajar el gasto.

Pero la realidad que se quiere ocultar es que durante años los sucesivos gobiernos han sacado dinero de la caja de la Seguridad Social para diversos gastos. El Tribunal de Cuentas ha cifrado que, sólo entre 1989 y 2013, el Estado sacó de la Seguridad Social 103.690 millones de euros para gastos que nada tenían que ver con las cotizaciones sociales. Sin esas sangrías de fondos, el sistema público de pensiones sería más que autosuficiente y tendría el futuro más que asegurado.

El 43 congreso confederal de la Unión General de Trabajadores denuncia una vez más el mantenimiento de las reformas laborales que han provocado una rebaja salarial sustancial, con grave afectación a las cotizaciones, lo que juntamente con las exenciones patronales suponen una reducción de las fuentes de ingreso. La derogación de las reformas laborales continua siendo una exigencia elemental para reequilibrar la negociación colectiva y defender las pensiones.

El 43 congreso confederal afirma la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Estado a hacer las aportaciones necesarias para el sostenimiento del sistema público, cuando sea necesario, y rechaza que en lugar de hacer aportaciones, se hagan préstamos. Esta política lleva al endeudamiento artificial de la Seguridad Social.

Es por todo ello que el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores se suma a la petición de realización de una auditoría pública. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a saber dónde han ido a parar sus cotizaciones por años y años de trabajo. No se trata solo de una exigencia democrática y de transparencia elemental, sino también de combatir las campañas interesadas en dar la imagen de una Seguridad Social en bancarrota, y al mismo tiempo defender que el sistema de reparto en el que se basa nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible, siempre y cuando no se le endose gastos impropios, y es además el único que puede garantizar y blindar el futuro de las mismas.

Valencia, 17 de mayo 2021