06 Feb La Rioja continúa en puestos de cabeza en dependencia, con unos 7.300 beneficiarios

06/02/2018

La aprobación de la Ley de dependencia marcó un hito en la política social de este país. Enfermos de alzheimer y de parkinson, entre otros, se mostraron esperanzados cuando el Gobierno les tendía la mano, ponía el foco sobre estos colectivos y les ofrecía una ayuda inédita hasta ese momento. Más de una década después de su implantación en toda España, el recorrido de la técnicamente llamada Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ha sido desigual en función de la comunidad autónoma de residencia del usuario.

En La Rioja su aplicación ha obtenido una de las mejores notas del país. De hecho, de acuerdo con el último informe del observatorio de la dependencia que elabora la asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales, esta comunidad ocupa el cuarto puesto en la calificación de las comunidades en el desarrollo de su sistema de servicios sociales y su puntuación mejora 75 décimas.

En el mismo documento se reconoce que la región tiene una ley que garantiza los derechos ciudadanos y un catálogo que los desarrolla y concreta. También alaba que mejoran sus tres indicadores: por un lado, el gasto por habitante, que en el 2016 fue de 425,25 euros, frente a la media estatal (339,69), el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional y el mismo porcentaje sobre su presupuesto total (10,63% frente a la media estatal, 9,06%).

En cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, la valoración que hace el observatorio también es positiva, ya que alcanza al 10,8% de su población potencialmente dependiente, por encima de la media nacional que es del 8,5%.

Junto a las luces, el documento arroja alguna sombra sobre la aplicación de la dependencia en La Rioja. En concreto, el informe critica la tasa de desatención, es decir, el número de personas que pese a haber sido reconocidas como dependientes, en algunos de los grados fijados por la administración, llevan meses esperando obtener la prestación que les corresponde, en concreto, 3 de cada diez. Esta es la lectura que hacen de los datos del Ministerio, aunque desde la dirección general de Servicios Sociales, su responsable, Celia Sanz, atribuye este abultado porcentaje -algo más del 32%- a que los datos no se ajustan a la realidad ya que en el Ministerio incluyen en el mismo grupo de desatendidos a personas que han sido reconocidas como dependientes pero no inician el procedimiento para solicitar la prestación o el servicio que les corresponde y otras a las que se les denegó el servicio o la prestación porque no cumplían los requisitos generalmente económicos. De ahí que la bolsa real de personas que se encuentran en el denominado limbo podría ser, de acuerdo con sus datos, de unas 300 personas y no de las algo más de 3.000 que cifra el Ministerio.

Otro de los caballos de batalla, según explicó Celia Sanz, es el de la financiación, que, en principio, debía ser al 50% entre las administraciones central y regional pero que finalmente la Comunidad Autónoma soporta el 83%. De hecho, se constituyó una comisión de expertos cuya principal conclusión es que hay que revisar el sistema de financiación y con este fin, se han constituido los grupos de trabajo que aborden esta cuestión. En concreto, sólo el gasto de la administración regional en dependencia durante el 2017 fue de 58 millones de euros, incluido el gasto de personal.

Finalmente, los directores de servicios sociales destacan la cobertura de ayuda a domicilio, con una cobertura del 5,5% de las personas mayores de 65 años, frente a las 3,8% de la media del país.

Noticia extraída de La Rioja. 04/02/2018